Una circular de la DDGG de Inclusión y programas de la Consejería de Educación indigna al colectivo de orientadores y orientadoras en los centros educativos.
El colectivo se siente ninguneado y menospreciado por la administración.
El plan de reducción de la burocracia, lejos de ponerse en marcha se intensifica.
La última ocurrencia de la Consejería de Educación afecta a los orientadores y orientadoras, a los que les ha llegado una circular, mediante la cual les piden que introduzcan los datos de todos los informes psicopedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo siguiendo con la nomenclatura LOMLOE, o según la normativa autonómica, de los alumnos con barreras, y que tienen archivados junto al expediente del alumnado.
El objetivo de la medida no es desatinado a priori, pues se persigue tener informatizada en Educamos toda esa información, que recordamos, contiene datos muy sensibles y que requieren de protección, seguridad y privacidad. De hecho, el curso pasado se puso en marcha dicha plataforma, y en general fue valorada positivamente por el colectivo. Suponía un primer paso para centralizar dicha información, lo que contrasta con la actual forma de trabajar rellenando informes, en formato de hojas de cálculo o procesadores de texto sin conexión, en los que hay que replicar la misma información una y otra vez mediante la clásica técnica del “corta y pega” en el mejor de los casos.
El problema tiene que ver con el tiempo que es necesario dedicar a dicha acción, pues es ingente el número de expedientes. En muchos casos hay que volver a teclear toda la información, labor estrictamente administrativa. El colectivo no se niega a llevar a cabo dicha tarea, pero pide al menos que se amplíen los plazos, o que se vaya introduciendo la información a medida que sea necesaria.
En cualquier caso, supone la gota que colma el vaso. El colectivo tiene entre sus funciones, atender a un amplio abanico de ámbitos de actuación: la acción tutorial; el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo; la prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano; la mejora de la convivencia, coeducación y respeto a la diversidad afectivo-sexual; la orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional; la transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad educativa; las relaciones con el entorno; los procesos de innovación; el apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente… todos ellos impregnados de una gran carga burocrática (papeleo) y que los alejan del contacto directo con el alumnado, familias y profesorado.
En la mayoría de los centros los orientadores y orientadoras no dan abasto. Constantemente recuerdan que su especialidad es la única que no está supeditada a ninguna ratio de alumnado. Apuntan a los 200-250 por profesional, para dar una respuesta con la suficiente garantía, en lugar de mantener la situación actual, con uno solamente por centro independientemente del número de alumnos y alumnas que tenga el mismo.
Por si fuera poco, en muchos casos tienen la percepción que se duda de su profesionalidad y rigor.
