La Confederación Intersindical solicita el amparo del Defensor del Pueblo a todos los efectos que corresponda y, también, para que se exija al Congreso de Diputados y al Senado que, cuanto antes, legislen la activación de controles de legalidad par a cada relación temporal en el sector público, de tal manera que no cese ningún empleado público temporal sin que, previamente, se garantice el efecto útil de la Directiva 1999/70/CE, detectando los comportamientos abusivos y lo fraudulentos, sancionando de forma disuasoria y eficaz al empleador responsable -evitando que quede impune el incumplimiento y la desviación de poder- y eliminando las consecuencias sobre los trabajadores afectados, que deben ser defendidos y protegidos conforme a Derecho.
