Fernando Villalba y Lorenzo Alberca (STE-CLM) en rueda de prensa
El curso 2026-27 se inicia en los 1.080 centros públicos de Castilla-La Mancha con 30.916 docentes no universitarios y 299.027 alumnos y alumnas, escuchando el eco que llega de las huelgas con las que han empezado en otros territorios. Supone el quinto de implantación de la LOMLOE, una Ley que ha obviado las verdaderas prioridades del profesorado y tiene desatendidas las problemáticas que asfixian su práctica diaria, todo ello en un contexto en el que la evolución de nuestra sociedad ha transformado radicalmente la realidad de las aulas, «dar clase ya no es lo que era».
INICIO DE CURSO CAÓTICO
En este curso es de destacar el caótico inicio en cuanto a la primera asiganción de sustituciones para el personal interino, con la importancia que tiene debido a que en esta se asignan las llamadas “vacantes encubiertas”. El calvario del profesorado interino se inició con la no posibilidad de poder modificar sus criterios de elección en unos plazos que se cerraban y se ampliaban en última instancia el día después. Esto hizo que la adjudicación se retrasase al día siguiente, en el que muchos se volvieron a encontraron con otro error inesperado, y es que la plataforma no mostraba las plazas de acuerdo a los criterios consignados por los participantes, y por tanto, no se estaba cumpliendo la normativa que regula el proceso.
Desde STE-CLM animamos a que toda aquella persona que se haya visto afectada y le hayan adjudicado una plaza que no cumpliera con sus criterios y en consecuencia no pudo eliminarla por completo teniendo solo la oportunidad de pasarla al bloque de forzosas o menos prioritarias, que haga la reclamación pertinente.
Así mismo, también es de reseñar que las redes WIFI no han funcionado en los centros educativos en los primeros días para poder empezar a trabajar con normalidad, después de todo el verano para solucionarlo.
NECESIDAD DE DIGNIFICAR LA PROFESIÓN DOCENTE
Esta situación no es ajena a la realidad castellanomanchega. La pérdida de dignidad laboral comienza con una mantenida ofensiva privatizadora que amenaza constantemente a la escuela pública, intentando relegarla a un papel subsidiario y que fomenta la segregación. A esto se suma una financiación precaria y alejada de los estándares de los países desarrollados, que priva a los centros de infraestructuras adecuadas, equipamiento necesario y personal suficiente para garantizar la equidad.
En la práctica cotidiana, el día a día en los centros se está volviendo insostenible. El profesorado se encuentra sepultado por una burocracia infinita y estéril que usurpa el tiempo dedicado a la docencia, transformando al personal en gestores administrativos y generando un estado de fatiga crónica.
Simultáneamente, el mantenimiento de ratios elevadas dificulta responder a la creciente complejidad del alumnado. El aumento de estudiantes con necesidades específicas -por diversidad funcional, vulnerabilidad social o desconocimiento del idioma- no ha ido acompañado del indispensable refuerzo de especialistas, imposibilitando una verdadera atención personalizada.
Las estadísticas de prevención de riesgos laborales notifican un aumento de cifras relacionadas con la salud mental, debido al incremento del nivel de conflictividad. El profesorado quiere enseñar sin tener que tolerar actitudes insolentes, desconsideraciones, impertinencias y descortesías, agravios, ofensas, injurias y vejaciones. Además, cuando sufre problemas de convivencia o conductas disruptivas, en lugar de recibir recursos y empatía por parte de la Administración, se opta por culpabilizar a la víctima, cuestionando sus competencias pedagógicas. El resultado es un colectivo sumido en el hastío y la indefensión, que teme pedir auxilio para no ser tachado de incompetente.
Paralelamente, persiste un acusado desprestigio social de la profesión, por lo que resulta urgente articular un marco efectivo de protección legal y reconocimiento público. Esta falta de valoración se materializa directamente en el bolsillo: la pérdida de poder adquisitivo acumulada alcanza actualmente el 21,7 %, en un escenario sin mecanismos de revisión salarial automática que compensen el encarecimiento de la vida. Esta situación ahoga especialmente a un colectivo caracterizado por la constante movilidad geográfica y el cambio de destino, expuesto de lleno al desorbitado coste de la vivienda y del carburante.
Persisten además desigualdades estructurales como la inestabilidad del personal interino -cuya tasa incumple los límites normativos europeos y estatales, dando lugar a un elevado fraude de ley por abuso de temporalidad-, la discriminación en la jubilación ordinaria respecto a la anticipada de la LOGSE -a extinguir- o la pendiente integración de todo el profesorado en el Grupo A1.
Las proyecciones de la OCDE prevén que el % del PIB en educación se enfrentará a una tendencia plana o ligeramente decreciente -debido a la competencia por los recursos fiscales con sanidad y pensiones debido al envejecimiento de la población-. Desde STE-CLM seguimos insistiendo en que los presupuestos regionales se han visto incrementados un 34,2 % pasando de 9.617 M€ en 2010 a 12.903 M€ para el ejercicio 2026. Sin embargo, la partida destinada a Educación suponía un 21,4 % en 2010 mientras que en 2026 se deriva solamente el 19,3 %. Así mismo, el gasto público por estudiante en centros públicos ascendía a 7306 € por alumno en 2023 (último año con datos oficiales), situando a CLM muy por debajo de las comunidades que más invierten y por supuesto por debajo de la media nacional.
Seguimos a la cola de resultados académicos del alumnado porque seguimos a la cola de inversión educativa por estudiante. De hecho, mañana mismo 8 de septiembre se darán a conocer los resultados del nuevo informe PISA, y nada hace prever que los resultados de la región mejoren con respecto a ediciones anteriores en las que Castilla-La Mancha aparecía en el vagón de cola.
EL NUEVO INFORME PISA
La consolidación del Informe PISA como referente de evaluación global ha transformado las reformas educativas y disparado la presión por obtener resultados, en una suerte de carrera especulativa al estilo del mercado bursátil. Esta dinámica suele justificarse mediante estudios que atribuyen a estas pruebas una capacidad predictiva sobre la vida adulta, vinculando sus resultados tanto con la inserción laboral y el bienestar individual como con el crecimiento económico de un país. Como consecuencia, los fondos internacionales priorizan estas métricas como indicador clave para asignar recursos. En palabras de su propio creador, PISA no mide si una escuela es buena, sino si la economía de una nación dispondrá de las competencias que requerirá dentro de una década.
Como es costumbre, la opinión «publicada» en los medios abrirá un acalorado debate tras la difusión de los datos. Si los resultados académicos no alcanzan los niveles que la estadística exige, la culpa nunca recaerá en la falta de recursos para atender a un alumnado heterogéneo, en las ratios desmesuradas, en la escasa implicación familiar ni en la insufrible carga burocrática que asfixia al profesorado y le resta tiempo para personalizar el aprendizaje. La responsabilidad se atribuirá, una vez más, al colectivo docente por una supuesta falta de adaptación a las «metodologías modernas» que abandera el mundo anglosajón.
Entretanto, la cultura de la evaluación mediante exámenes estandarizados y clasificaciones se ha instalado plenamente en nuestro sistema educativo, trayendo consigo atajos tan perniciosos como el conocido teaching for test (enseñar únicamente para aprobar el examen).
LA REFORMA DEL MINISTERIO QUE SACA LOS COLORES A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
STE-CLM sigue denunciando la no reversión de los recortes educativos de 2012 por parte de la Consejería de Educación: el cobro del verano para el profesorado interino, la reducción horaria lectiva para mayores de 55 años, la dotación de recursos para una verdadera inclusión educativa y unas ratios adecuadas siguen pendientes.
Por contra, a nivel estatal asistimos a la recta final de la tramitación parlamentaria de la reforma en materia de ratios y horas lectivas en las enseñanzas básicas, al tiempo que se negocian mejoras adicionales para las enseñanzas no obligatorias (ratios), la climatización y «confort térmico» de los centros, la atención a la diversidad y el nuevo modelo de procesos selectivos de acceso a la función docente.
Desde STE-CLM valoramos positivamente dichas mejoras, que vienen a compensar la falta de empatía por la escuela pública del Gobierno regional.
MOVILIZACIONES EN EL HORIZONTE
Con todo este panorama, la ola de protestas, manifestaciones y huelgas que recorre todo el territorio nacional: Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Asturias, Madrid, Galicia … puede suponer la chispa que encienda la mecha también en Castilla-La Mancha y el inicio de movilizaciones que impulsaremos desde STE-CLM.
La comunidad educativa está despertando poco a poco, consciente de que la lucha por las mejoras en sus condiciones laborales y la calidad del sistema educativo conforman un binomio que es inseparable.
La principal responsabilidad de corregir esta situación recae en el Gobierno regional y su Consejería de Educación , Cultura y Deportes. Si no nos escuchan en los despachos, tendrán que hacerlo en la calles.
