Desde STE-CLM os informamos que el 14 de febrero se abre la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2024/25 en centros docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
FECHAS «CLAVE» 2024 | PROCESOS PREVISTOS |
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14 febrero a 4 marzo |
Presentación solicitudes |
18 abril | Baremo provisional y solicitantes por centro. Reclamaciones del 19 al 23 de abril |
22 abril | Sorteo situaciones desempate |
18 mayo | Baremo Definitivo y Adjudicación Provisional Admisión. Reclamaciones del 29 de mayo al 3 de junio |
4 al 10 junio | Plazo para renunciar al Proceso de Admisión |
2 julio | Adjudicación Definitiva de Admisión |
10 julio al 15 julio | Plazo de solicitudes a vacantes resultantes (solo participantes en el proceso de admisión). |
3 julio al 9 julio |
Matriculación alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. |
Desde 18 junio | Plazo extraordinario de admisión para…
– Por traslado de localidad – Por circunstancias excepcionales (violencia género o acoso escolar) – Alumnado que no haya participado en el proceso y deba escolarizarse – Alumnado que participó en el proceso, se le adjudicó cambio de centro y repite curso *Adjudicación por estricto orden de presentación. |
22 de Julio
23 de julio al 25 de julio: 2 septiembre |
ADJUDICACIÓN de vacantes resultantes, mejora de opción, agrupamiento de hermanos y oficio.
Matriculación adjudicados en vacantes resultantes solo por EducamosCLM Matriculación adjudicados en vacantes resultantes solo en centros educativos. |
9 septiembre | 1ªAdjudicación de solicitudes de plazo extraordinario presentadas desde el 18 de junio a 26 de agosto. |
Después del 9 de septiembre | Asignación vacantes solicitudes extraordinarias presentadas a partir del 27 de agosto. Todos los niveles. |
- Resolución de 01/02/2024, de la Dirección General de Innovación Educativa y Centros, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2024/2025 en centros docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Solicitud de admisión 2024/25
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Tienen que participar en este proceso todos los alumnos y alumnas que se incorporen por primera vez al sistema educativo en un centro docente de la Región (público o concertado), que vayan a iniciar una nueva etapa de estudios en un centro distinto al actual, o bien, que deseen cambiar de centro. También todo el alumnado de 4º de ESO que desee cursar alguna modalidad de Bachillerato, aunque sea en su propio centro.
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En este nuevo proceso de admisión de alumnos y alumnas se continúa contemplando la delimitación de áreas de influencia en determinadas localidades de cierto volumen poblacional y número de centros educativos, es decir, la proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales. De igual manera que el proceso anterior esta delimitación se ha realizado previa consulta a los sectores afectados y al Consejo Escolar de la Localidad, en su caso. Estas áreas de influencia han sido determinadas de manera que sean lo suficientemente amplias a los efectos de facilitar la elección de centro por parte de las familias. La consulta de las mismas se dará a conocer a través de las Resoluciones de las Delegaciones Provinciales que se publicarán en este mismo espacio.
- Las enseñanzas del Bachillerato a distancia y Bachillerato presencial nocturno no se encuentran incluidas dentro de este proceso de admisión, ya que son objeto de solicitud en el proceso de «Admisión y Matrícula EPA » (Educación de Personas Adultas). Puede acceder directamente pulsando AQUÍ
Guías del proceso de admisión y matriculación
Preguntas fecuentes del proceso de Admisión
Normativa aplicable a los centros de enseñanza
Áreas de influencia, adscripciones y vacantes
CUANDO TODO SEA PRIVADO, SEREMOS PRIVADOS DE TODO. MATRICULA A TUS HIJAS E HIJOS EN LA PÚBLICA.
La educación privada subvencionada -conocida vulgarmente como concertada- surgió en nuestro país en los años ochenta como una necesidad y como una estrategia: los colegios públicos no eran capaz de absorber el baby boom, por lo que la Administración empezó a acordar con instituciones privadas una doble red que garantizase las plazas a todo el alumnado; al tiempo otorgaba unas cuantiosas prebendas a la Iglesia católica, que en aquel entonces acumulaba un gran poder de influencia, en cierta manera, se compró su silencio para que el proceso democratizador tuviera menos obstáculos.
Con el tiempo, el modelo fue creciendo y convirtiéndose en una anomalía en el sistema, haciendo retroceder a la enseñanza pública hasta el 69,1%, muy por debajo de la media UE, que en la actualidad se sitúa en el 84,6%.
A día de hoy, la creación de la doble red en aquel entonces, abrió las puertas del neoliberalismo educativo, mercantilizando la educación. No hay más que poner la radio durante estos días o seguir las campañas en prensa de “captación de clientes”, es decir, la competencia por seleccionar al alumnado, entre los cuales -casualmente- nunca se encuentra al más vulnerable o con menor poder adquisitivo. El alto nivel de concertada en nuestro país ha supuesto: la segregación por clases sociales; la creación de guetos en centros públicos para personas con pocos recursos y entornos desfavorecidos; la competitividad entre todos los colegios, que se ven abocados a celebrar “jornadas de puertas abiertas”; desregulación con pérdida de control del Estado; privatizaciones del servicio público educativo; pérdida de democracia en la toma de decisiones y arbitrariedad en el desempeño docente.
En teoría, la LOMLOE incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido, que desproporcionalmente se matricula en la pública -9 de cada 10 chicas y chicos de los hogares con menor renta-. Medidas como: “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”; que “las actividades extraescolares/complementarias de pago, no puedan ser ofertadas en horario escolar”; que el criterio principal para adjudicar una plaza sea la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar; la obligación para todos los centros de aceptar un porcentaje de la llamada “matrícula viva” -alumnado, normalmente hijas/os de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos-; la prohibición a los ayuntamientos de ceder suelo público para construir centros educativos que no sean públicos; la supresión del concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas y, en definitiva, convertir a la educación pública en el eje vertebrador del sistema, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red, han servido de poco. De la misma manera que, ya estaba y no se cumplía, la prohibición de cobrar cuotas a las familias, estas medidas han pasado sin pena ni gloria, con una Inspección educativa que hace oídos sordos a la función de velar por el cumplimiento de la normativa.
A pesar de todos los impedimentos, está en el ADN de los STEs defender la escuela pública y subrayar las bondades de esta, aquella que está en todos los pueblos y ciudades, en todos los barrios y aldeas, la que hace que la etapa de escolarización obligatoria sea una etapa de convivencia entre escolares, con los iguales y con los distintos, una etapa que contribuye con esta convivencia al mejor desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa, más múltiple, más plural. Diferentes encuestas de opinión, tanto del CIS como de empresas privadas, destacan que la ciudadanía valora muy positivamente a la escuela pública como institución, y el trabajo que realiza el profesorado de la misma.
El modelo educativo que nuestro sindicato ha venido defendiendo desde su constitución en los años 70 sigue haciendo referencia a: una escuela pública, laica, gratuita y de calidad para todas y todos; fruto del acuerdo con toda la comunidad educativa; democrática; donde exista igualdad en el trabajo docente; equitativa e inclusiva para el alumnado; que atienda a la estabilidad del profesorado interino y trabaje por la equiparación entre hombres y mujeres; alejada -en definitiva- de la concepción de una escuela al servicio del mercado y de los conceptos de oferta y demanda o subordinada a la competitividad entre el profesorado, alumnado y los centros.