OTRA REFORMA LABORAL ES POSIBLE: Concentración en Madrid (3 febrero, de 11-13h)

OTRA REFORMA LABORAL ES POSIBLE Y NECESARIA

La reivindicación de la derogación de las reformas laborales aprobadas por los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (2010) y M. Rajoy (2012), así como la reforma de las pensiones, una pactada por el gobierno, los sindicatos del régimen y la patronal (2011) y la otra, impuesta por gobierno conservador (2013), era mucho más que un eslogan o un debate sobre semántica. Era, y es, una voluntad firme y valiente para cambiar las políticas laborales que se han impuesto o acordado desde los Pactos de la Moncloa y que han supuesto un retroceso en los derechos de la clase trabajadora.

Esta reivindicación, junto con otras relacionadas con las libertades democráticas, el derecho a la vivienda, la defensa de los servicios públicos o la lucha contra las desigualdades sociales, unió sindicatos de clase, plataformas laborales y colectivos muy diversos para combatir las políticas de austeridad impuestas por la Troika y los gurús del neoliberalismo, que fueron aplicadas obedientemente por el gobierno durante la anterior crisis. La confluencia de todos estos sectores de la sociedad, muy dinámicos y fuertemente movilizados, fue un elemento relevante en el cambio de ciclo político y sirvió para pasar página en los años negros de recortes, corrupción y desposesión de derechos.

Ahora nos encontramos con una nueva regulación de las pensiones y con una nueva reforma laboral que no contemplan las propuestas que defendieron las personas y organizaciones que se movilizaron. Es cierto, no se puede negar, que ha habido algunos avances, pero todavía perduran elementos importantes de las políticas impuestas o acordadas en la década anterior que impiden valorar positivamente lo que se nos presenta como un “acuerdo histórico”, que no lo es de ninguna de las maneras. Un ejemplo concreto y actual nos puede servir para ilustrar esta afirmación: las personas pensionistas perderán poder adquisitivo en 2022 porque no se ha acordado una cláusula de revisión de las pensiones anual vinculada al IPC real anual. La fórmula pactada habla de la revisión quinquenal y de una actualización de las pensiones vinculada al IPC mediano anual, que no al IPC real anual.

A pesar de algunos avances que contiene la reforma laboral del 2021, no es la que amplios sectores de la sociedad esperaban. Las reiteradas declaraciones en cualquier espacio público, incluso en sede parlamentaria, hechas por miembros del gabinete de Sánchez, incluyendo el mismo presidente, por miembros de los dos partidos que lo configuran, o por otros protagonistas importantes del acuerdo firmado, nos habían ilusionado porque pensábamos estar ante el desmantelamiento de una normativa laboral muy involucionista y regresiva para la clase trabajadora. Pues no, no ha sido así y nos hemos encontrado con un texto que publicaba el BOE el pasado 30 de diciembre que no es el que deseábamos.

Llegados en este punto, alguien puede decir que no es así y que esta es la primera reforma laboral en la que se recuperan derechos. Bien, podemos hablar. Este es un debate muy interesante. De hecho, en las últimas semanas muchos artículos y estudios analizan el texto presentado a las Cortes para ser validado. Si lo hacemos, podemos llegar a un consenso rápidamente: la reforma laboral de 2021 consolida el actual modelo laboral, tal como reconocen los mismos firmantes de “el acuerdo histórico” y otros que lo defienden y que consideran que deja sin modificar aspectos notables de la reforma laboral del Partido Popular. Por lo tanto, estamos ante una nueva legislación laboral que, como todas las anteriores, no favorece plenamente los intereses de la clase trabajadora que hace muchos años, demasiado, ve como en cada colada se pierde una sábana, o más de una.

También se nos dice que no era viable ir más allá por la configuración del parlamento, las presiones de la Unión Europea o para llegar a un consenso con la patronal, argumentos que contradicen aquello de “el acuerdo histórico”. O una cosa o la otra. Mucha gente piensa que sí que era posible derogar las reformas laborales. No solo esto, piensa que otra reforma laboral era posible y necesaria para combatir la precariedad, la desigualdad, los salarios bajos, la temporalidad y otros muchos factores negativos para la clase trabajadora y que había que cambiar el actual modelo laboral. Esa fue la reivindicación de las personas y organizaciones que se movilizaron durante la última década y esa será la que mueve el sindicalismo de clase transformador y varios colectivos laborales: pedir que se modifique en la tramitación parlamentaria. Un sindicalismo que ha publicado varios manifiestos críticos sobre la reforma laboral; convoca movilizaciones en varias ciudades para hacer patente su malestar con la norma aprobada por el gobierno y para expresar la esperanza que sus reivindicaciones lleguen al Congreso. Unas justas y necesarias reivindicaciones que tienen que contemplar y asumir los grupos parlamentarios de izquierda para dejar atrás, de verdad y para siempre, las reformas laborales de 2010 y 2012 y para divisar un futuro de derechos laborales y de justicia social para nuestra gente.

A la fecha de publicación de esta nota, son ya más de 35 sindicatos los que apoyan y suscriben el rechazo de la “contrarreforma laboral que no deroga nada” y apoyan la concentración del día 3 de febrero a las 11h en Madrid frente al Congreso.

• Confederación Intersindical, Confederación General del Trabajo (CGT), Intersindical Canaria,
• Central Unitaria de Traballadoras (CUT-Galiza), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC),
• Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), Euskalherriko Irakaskuntzako Langileen Sindikatua
• (STEILAS), Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC), Intersindical de Aragón (IA/cobas),
• Colectivo Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón (CATA), Plataforma Sindical
• Plural (CCP, FETICO, USO, CSL y GESTHA), Coordinadora de Trabajadores de Andalucía
• (CTA-Andalucía), Federación Sindical Mundial (FSM), Alternativa Sindical de Clase (ASC),
• Solidaridad Obrera (SO), Intersindical Cántabra (I.C.), Consejo Sindical Obrero (CSO),
• Comisiones de Base (COBAS), Sindicato de Trabajadores (STR), Colectivo Unitario de
• Trabajadores (CUT-Aragón), Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS), Sindicato Cántabro de
• Asalariados del Transporte (SCAT), Intersindical Valenciana (I.V.), Movimiento Asambleario de
• Trabajadoras de la Sanidad (MATS), Sindicato de la Elevación (S.E.), Sindicato de Trabajadores
• de las Comunicaciones (STC), Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Trabajadoras y
• Trabajadores de la Enseñanza (STEs), Sindicato Unitario de Cantabria (SUC), Coordinadora
• Estatal del Sector del Handling y Aéreo (CESHA).

Los que se autoproclaman agentes sociales no representan ni a todas las personas trabajadoras ni a todos los sindicatos existentes en el Estado, por lo que no pueden negociar ni acordar nada que afecte al conjunto de trabajadoras y trabajadores del estado. La afiliación conjunta de esos dos sindicatos supone alrededor del 8,5% de la población activa, por lo que el resto de dicha población, el 91,5%, o está afiliada a otros sindicatos o no está afiliada a ninguno.

No permitiremos que con este acuerdo se dé por solucionado un conflicto sin que las personas trabajadoras hayan recuperado los derechos perdidos con dichas reformas laborales.