Ha comenzado el curso 22-23 con un alumnado cercano a 8,2 millones y 760.000 docentes en la educación no universitaria, repartidos en más de 28.000 centros -con una proporción de 72% en la pública y 28% en la privada-. Para valorar el inicio de la andadura del actual curso, podemos analizar innumerables indicadores con asuntos muy relevantes: desaparición de las restricciones COVID con la retirada de efectivos extraordinarios para desdobles; desarrollo curricular atropellado en los territorios, con retrasos muy significativos en los libros de texto de los cursos impares; ausencia de formación exprés al profesorado que debe enfrentarse a un giro educativo en la forma de enseñar y aprender con el nuevo enfoque competencial; imposición de un nuevo marco evaluativo donde la promoción -y especialmente la titulación- parece dirigida por parte de la administración para maquillar la métrica estadística donde estamos en el vagón de cola -léase tasa de repetición, abandono educativo temprano, tasa de paro juvenil-; aparición de la figura del coordinador/a de bienestar mandatada por la ley de Protección de la Infancia para evitar el maltrato y el acoso, sin adscripción a los departamentos de orientación y sin perfil profesional definido; incremento acumulado de la burocracia por parte del profesorado al cual se le suma los planes de transformación digital, de lectura, de valoración de la competencia digital entre otros; desregulación de las enseñanzas de idiomas y de la FP superior -donde grupos de inversión la han identificado como una gran oportunidad de negocio y se ha abonado el camino hacia la privatización mediante una ley a medida de la patronal primando los objetivos económicos a los educativos; un impacto brutal de la inflación en toda la comunidad educativa que empobrece a toda la clase trabajadora; unos procesos de estabilización para la reducción de la estabilidad en las y los docentes injustos y arbitrarios que incumplen las directivas y sentencias europeas, que acabarán estabilizando plazas pero no a las personas en sus territorios; una crisis demográfica en ciernes que rebaja la cifra en Infantil en 39.000 niños y niñas; una alarma generalizada ante el deterioro de la salud mental del estudiantado pospandemia; más aquellos particulares de cada territorio.

La octava ley educativa de la democracia no consiguió el consenso, cuestión esta prácticamente imposible, pero tenía algunos postulados que generaron grandes expectativas en buena parte del profesorado: situaba la Escuela Pública como eje vertebrador del sistema educativo; se marcaba como objetivo la reducción al máximo de la repetición y suponía un intento para acabar con la segregación escolar que se produce entre la doble red público-privada. En definitiva, conciliar: calidad, equidad e inclusión; un trinomio que debe estar basado en una financiación suficiente, muy por encima del 4,2 del porcentaje del PIB con la que iniciaba su andadura.

Pero analicemos cómo se está llevando a la práctica la nueva norma; como decía el Conde de Romanones: “Ustedes hagan las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos”. Nos centramos en dos disposiciones adicionales de la LOMLOE: la tercera, que legisla la universalización del primer ciclo de la educación infantil y la octava que plasma un Plan de incremento del gasto público educativo.

UNIVERSALIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE INFANTIL

Dice textualmente la disposición adicional tercera: “En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización”. También en el artículo 15.3 aclara: “Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos. En todo caso, las Administraciones educativas promoverán la existencia de centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas educativas posteriores”. La puesta en práctica de esta iniciativa se ha realizado a través de fondos NEXT GENERATION, vía Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), todo ello acordado en la Conferencia Sectorial de Educación de la siguiente manera:

Presupuesto.

TERRITORIO

2021

2022

2023

TOTAL

ANDALUCÍA

37.068.042

61.111.206

24.880.818

123.060.066

ARAGÓN

5.578.688

9.197.150

3.744.528

18.520.366

ASTURIAS

4.032.339

6.647.805

2.706.587

13.386.731

BALEARES

7.423.456

12.238.475

4.982.773

24.644.704

CANARIAS

11.912.615

19.639.404

7.995.988

39.548.007

CANTABRIA

2.645.548

4.361.510

1.775.745

8.782.803

CASTILLA Y LEÓN

11.562.589

19.062.345

7.761.043

38.385.977

CASTILLA-LA MANCHA

11.416.438

18.821.394

7.662.943

37.900.775

CATALUNYA

33.424.433

55.104.270

22.435.154

110.963.857

EXTREMADURA

6.296.906

10.381.221

4.226.611

20.904.738

GALIZA

10.495.992

17.303.928

7.045.122

34.845.042

MADRID

16.151.365

26.627.502

10.841.122

53.619.989

MURCIA

12.095.345

19.940.658

8.118.640

40.154.643

NAVARRA

3.605.941

5.944.836

2.420.381

11.971.158

PAÍS VALENCIÀ

21.000.507

34.621.907

14.095.964

69.718.378

PAÍS VASCO

4.664.345

7.689.743

3.130.802

15.484.890

RIOJA

1.415.451

2.333.544

950.079

4.699.074

200.790.000

331.026.898

134.774.300

666.591.198

Nuevas plazas de titularidad pública Autonómica o local, prioritariamente para niños y niñas de 1 y 2 años.

TERRITORIO

2021

2022

2023

TOTAL

ANDALUCÍA

4.023

4.023

4.023

12.069

ARAGÓN

606

606

606

1.818

ASTURIAS

438

438

438

1.314

BALEARES

806

806

806

2.418

CANARIAS

1.293

1.293

1.293

3.879

CANTABRIA

287

287

287

861

CASTILLA Y LEÓN

1.255

1.255

1.255

3.765

CASTILLA-LA MANCHA

1.239

1.239

1.239

3.717

CATALUNYA

3.628

3.628

3.628

10.884

EXTREMADURA

684

684

684

2.052

GALIZA

1.139

1.139

1.139

3.417

MADRID

1.753

1.753

1.753

5.259

MURCIA

1.313

1.313

1.313

3.939

NAVARRA

391

391

391

1.173

PAÍS VALENCIÀ

2.279

2.279

2.279

6.837

PAÍS VASCO

506

506

506

1.518

RIOJA

154

154

154

462

21.794

21.794

21.794

65.382

Sin embargo, el Acuerdo permite financiar a terceros a través de convenios o ayudas, todo ello contemplado por pliegos, convenios y bases para asegurar el logro de los objetivos previstos; es decir, se permite la externalización de la universalización del primer ciclo de infantil. Pongamos por caso el gobierno de García Page en Castilla-La Mancha, donde está externalizando el 100% de las 3.717 plazas, poniendo a los pies de los caballos el título II de la LOE, donde subraya que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo. Por otra parte, a nadie se le escapa que, si dividimos el total del presupuesto entre las plazas a crear, el resultado asciende a poco más de 10.000 euros, evidenciando que el plan es insuficiente.

PLAN DE INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO EDUCATIVO

Cita la disposición adicional octava: “Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley para dotar al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos vinculados a los objetivos previstos en la misma, el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2 se formulará en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de la Ley. En todo caso, dicho plan contemplará el incremento del gasto público educativo mencionado hasta un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto”.

Pasar de un 4,2 del porcentaje del PIB al 5%, supondría a un territorio medio del Estado, un incremento presupuestario anual de más de 400 millones de euros, suficiente para acometer -al menos- la reversión de los recortes pendientes desde 2012 que citan todas las organizaciones sindicales: reducción de horas lectivas y de ratios, apoyos de infantil, pérdida del poder adquisitivo -agudizado por la actual inflación-, equiparación de las condiciones del personal interino y desarrollo de un plan contra la burocratización de la tarea de enseñar. Sin embargo, observamos como el incremento del gasto público educativo, se hace mediante transferencias de fondos europeos finalistas, es decir subvenciones coyunturales con propósitos muy concretos y con partidas presupuestarias que no se puede destinar a objetivos distintos a los planificados por la UE. Por tanto, la aplicación real se hace con “planes de éxito educativo” para luchar contra el abandono educativo temprano, con cupos que llegan en enero porque la contabilidad europea es anual y no por curso, mediante jornadas parciales precarias o aumentos de jornada a personal temporal, todo ello sin incorporarse a la relación de puestos de trabajo jurídica. Programas similares como el PROA+, programas de garantía juvenil, unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para el alumnado vulnerable, planes de transformación digital, planes de lectura, planes de valoración de la competencia informática del profesorado, aulas del futuro … en definitiva, un abanico de planes diseñados por políticos y sin contar en ningún caso con el profesorado de a pie.

MEJORAS DE LAS ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS POR DECRETO

STEs-i vislumbra un futuro a corto plazo en el que se mejorarán radicalmente las estadísticas educativas negativas por decreto –o por órdenes- sin cambios significativos como una bajada de ratios generalizada. La nueva ley orgánica pasará de largo por las aulas esperando la siguiente, pero quedará impresa en los expedientes académicos. Es sabido, que el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo es el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y como efecto colateral, una tasa de paro juvenil muy elevada. Se tienden a confundir los términos, el primero nos indica el número de estudiantes que no finaliza la educación básica y el segundo el de aquellos y aquellas que sí la completan, pero no continúan formándose.

La LOMLOE es consciente de que tenemos un sistema heredero de una visión napoleónica -elitista y orientada a la universidad casi exclusivamente- y pretende rebajar al mínimo el fracaso escolar separando en tercero de la ESO al estudiantado en 3 vías: la ESO ordinaria, Programas de Diversificación Curricular y FP de Grado Básico. Todas las vías conducen al GESO- Graduado en Educación Secundaria Obligatoria- con facilidades como la organización en ámbitos y reducción de los contenidos. Aun así, en el caso de que algún ámbito o materia suponga una barrera para cumplir con los criterios de titulación, está previsto la realización de actividades personalizadas extraordinarias para conseguirlo, una especie de “trabajillo” que sustituye al examen, y del que todavía desconocemos las instrucciones que saldrán de las consejerías porque no se ha regulado.

Es habitual -e intencional en algunos casos-, equiparar el fracaso escolar con la tasa de Abandono Educativo Temprano (AET), que es el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 -ambos inclusive- que han abandonado los estudios con una titulación inferior a la Secundaria postobligatoria, sin al menos FP de Grado Medio o Bachiller. En este indicador educativo, nuestro país sale especialmente mal parado al ser comparado con los países desarrollados y la nueva ley lo combate de varias maneras. En el caso del Bachillerato: se puede promocionar de primero a segundo con 2 materias con evaluación negativa; en segundo se puede titular con una materia suspensa o “de gracia”, copiando la idea al sistema universitario que lleva décadas usándola; el título de Técnico/a en FP habilita para conseguir el título de Bachiller en la modalidad General -que es otra novedad-, mediante la superación de las materias comunes. También es posible cursar un Bachillerato de tres años, pensado para jóvenes deportistas de élite o personas que tiene que compatibilizarlo con un trabajo.

FP, UN TRAJE A MEDIDA PARA LOS “INTERLOCUTORES SOCIALES”

Donde se está realizando una enorme transferencia de fondos europeos es en la FP, que ahora será “dual” en todas sus modalidades, un traje a medida para el reparto de fondos europeos NEXT GENERATION, cuyo montante asciende a 2075 millones de euros en 3 años, para aquellos que se arrogan la titularidad de interlocutores sociales. Estamos asistiendo a una verdadera desregulación y externalización de estas enseñanzas, que en boca de sus defensores supone una “cantera de autónomos” y de paso una convergencia a la media de las métricas internacionales.

Desde STEs reivindicamos un verdadero análisis para estudiar las causas reales de los problemas que se plasman en los estudios comparativos con otros países, donde las diferencias socioeconómicas y la desigualdad son sin duda los pilares que no se quieren ver y solucionar de raíz.

CARRERA DOCENTE Y CONDICIONES LABORALES DEL PROFESORADO

La LOMLOE, en su disposición adicional séptima regulaba una: “Normativa sobre el desarrollo de la profesión docente: el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”. El 27 de enero de 2022, el Ministerio de Educación presentaba el documento “24 propuestas de mejora para la reforma de la profesión docente”. El reconocimiento de la labor docente no deja de ser palabrería hueca en declaraciones de los responsables ministeriales, que cada vez que los hechos le ponen en disposición de actuar y legislar, siempre lo hacen en contra del prestigio de profesoras y profesores y no promueven medida alguna que le beneficie. Al contrario, las iniciativas que van adoptando nunca suponen una mejora de las condiciones de trabajo y sí mayores obligaciones y exigencias. El profesorado ha queda expuesto ante la opinión pública como primer objeto de crítica, cuando se pretende mejorar la calidad de la enseñanza. Resulta lamentable que diez años después de los recortes del año 2.012, todavía no se hayan recuperado para todo el profesorado, las condiciones laborales que existían hasta entonces. Es muy decepcionante que, cuando se aborda una regulación de la profesión docente, el Ministerio solo se preocupe de elevar el nivel de exigencia hacia el profesorado y no reconozca de manera efectiva, ninguna compensación. Pero la paciencia no es eterna y tiene límites y la Confederación de STEs-i va a estar muy atenta al sentir del profesorado para modular las manifestaciones de protesta por una situación cada vez más injusta.

HACEMOS LO QUE DECIMOS, DECIMOS LO QUE HACEMOS