Porque es preciso detener la privatización de servicios esenciales: los convenios suponen la transferencia de 2.161 millones de euros anuales a sociedades sanitarias privadas.

Por calidad: es del dominio público que, si por desgracia tienes una dolencia grave, mejor que te pille dentro del sistema de gestión pública. La plena garantía de que no se van a escatimar pruebas y tratamientos en aras del beneficio empresarial sólo la da el sistema nacional de salud.

Porque las sociedades concertadas han restringido servicios a medida que tenían que atender a más usuarios y la media de edad de los mismos se elevaba.

Por coherencia: si defiendes, como trabajador, los servicios públicos, deberías defenderlos también como usuario. Las redes privadas son, ante todo, un factor de desclasamiento. El principal reclamo a sus consumidores es el sentimiento de diferenciación. Aunque te creas otra cosa, no por ello dejas de ser clase trabajadora.