La gestión de las repercusiones educativas generadas por la COVID-19 por parte de la Administración regional, ya empezaron con el pie izquierdo, siendo minimizada la gravedad de la pandemia, atacando al profesorado por querer “vacaciones”.
Desde entonces, las instrucciones han llegado tarde y de manera ambigua, ya que en su mayor parte se limitan a plasmar un cúmulo de generalidades, planteadas en condicional. Con ellas, los equipos directivos de los centros educativos se tuvieron que enfrentar a la planificación del presente curso escolar. Muchas fueron sus incertidumbres y demasiada la responsabilidad que se delegó en ellos.
Desde STE-CLM hemos reclamado que los planes de inicio de curso deben ser elaborados, o, al menos, supervisados por profesionales de prevención de riesgos laborales, pero la Administración lo justificaba en aras de la autonomía de los centros.
Algunos claustros de centros de toda la región plasmaron sus dudas y quejas en escritos redactados al final del pasado curso, y allí empezamos a ver cómo la discrepancia con la Administración podía acarrear “problemas” a los discordantes. Un delegado provincial pasó parte del mes de julio llamando al orden a todo aquel que hubiera firmado alguno de dichos escritos.
Actualmente ese mensaje ha calado entre el profesorado, pues no es infrecuente que nos lleguen quejas por incumplimiento de ratios o distancia de seguridad en las aulas, pero que nos piden que no se citen sus nombres, para “no tener problemas”.
Sin embargo, por si todavía no fuese suficiente, la Administración se dedica a denunciar a quien ose plantear alguna duda razonable con la seguridad de alguno de los EPIs que proporciona. Extraña manera de “tranquilizar” a la comunidad educativa. Si se expresa un temor, lo que la Administración debe hacer es aclararlo con datos, no amedrentar, para conseguir acallar la discrepancia.
Muchos equipos directivos están sometidos a una presión desbordante, se sienten en deuda con su alumnado e intentan abrir sus centros, adaptándose como pueden, a pesar de conocer que en sus aulas no se respetan el 1,5 metros de distancia. Nos consta que varias directivas han intentado dimitir, por no querer asumir dicha responsabilidad. Desde STE-CLM nos solidarizamos con el último caso que nos ha llegado, de la directiva del IES D’Opazo de Daimiel, a los que mostramos todo nuestro apoyo.
Desde STE-CLM denunciamos cualquier coacción de la libertad de expresión, solicitamos a la Administración que recapacite y cambie su actitud.
Además, seguimos pidiendo continuar con la bajada de ratios para asegurar que en ningún aula se superará el 1,5 metros de distancia de seguridad.
