La llegada de la pandemia pilló a la ciudadanía desprevenida, nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir desde que se empezaron a dar noticias de los casos de personas afectadas por este nuevo coronavirus. Los acontecimientos se sucedieron de manera alarmante y pasamos de negar la amplitud y complejidad de esta nueva enfermedad a estar confinados durante meses en nuestras casas. Esta situación sin precedentes sacó a la superficie las carencias de nuestro mal llamado estado de bienestar, tras años de políticas agresivas contra el conjunto de servicios públicos (Sanidad, Educación, Dependencia, Transportes, Servicios Sociales, etc.).
Así, el sistema sanitario no tardó en colapsar ante la cantidad de personas afectadas, dejando en evidencia que las políticas privatizadoras y el abandono de la apuesta por una sanidad pública de calidad, fueron políticas erróneas y peligrosas. Así, nuestros centros de salud públicos se encontraron sin capacidad de dar la respuesta necesaria y los centros privados cerrados por si acaso les tocaba algo que no fueran beneficios. Los servicios sociales sin capacidad de atender a las personas con necesidades, las residencias de personas mayores sin apenas personal, sin tomar medidas para evitar los contagios y en algunos casos, dejando morir a nuestras/os mayores sin ningún tipo de atención. La educación se vio obligada a llevarla a cabo desde los hogares, la brecha social se vio disparada con la brecha digital asociada a esta, de tal manera que las familias más desfavorecidas se encontraron sin medios para seguir la educación de sus hijas e hijos. El abandono escolar de un importante número de alumnado aún no se ha conseguido frenar.
El teletrabajo ha cambiado totalmente las condiciones laborales, el trabajo en empresas ha dado paso al individualismo quitando poder a la negociación colectiva. Sin olvidar la situación de las mujeres, el teletrabajo ha devuelto a las mujeres al hogar con el consiguiente aumento de la carga de trabajo, además al ser las que tienen peores trabajos la crisis económica se está cebando con ellas situándolas en muchos casos en el umbral de pobreza.
Ante esta situación las personas afectadas por el cierre de negocios y empresas comenzaron a llenar las colas del paro, de los bancos de alimentos,… Está claro que esta pandemia ha dejado en evidencia que en el Estado español las cosas no iban tan bien como nos querían hacer creer y que la salida de la crisis del 2008 no era tal. El sistema capitalista aboga por poner encima la economía y el beneficio privado de unos pocos por encima de la salud y la vida de todas las personas. Nuestras vidas no les importan solo sus negocios.
Desde el Gobierno central se tomaron medidas para según ellos “no dejar a nadie atrás”, a pesar de los esfuerzos la magnitud de la pandemia ha dejado claro que no se ha podido llegar a todas las personas con problemas, porque había mucha población con problemas económicos, con trabajos precarios o sin contratos, personas migrantes sin papeles que sobreviven de la economía sumergida lo que ha imposibilitado que reciban una ayuda digna.
La recesión económica es la mayor en años, la capacidad de generar empleo ha desaparecido, la respuesta ciudadana cercenada por la imposición de medidas drásticas para cortar la propagación del virus mientras los poderes económicos continúan maniobrando para salir indemnes de esta situación y la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas no terminan de aunar esfuerzos para defender nuestros intereses de clase, cuando es más que evidente que la mayor afectación de las consecuencias de la pandemia las están sufriendo la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas (ERTES, desahucios, colas del hambre, confinamientos selectivos por zonas obreras, etc).
Para el sistema capitalista esta pandemia tiene una lectura de clase. No afecta por igual a los poderosos como a los sectores populares y a la clase trabajadora. Con el pretexto de combatir los efectos de la pandemia, se están poniendo en marcha políticas con un claro sesgo clasista y segregador.
La pandemia nos ha puesto ante la tesitura de impulsar un cambio que avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático o bien seguir la senda que nos lleva hacia el agotamiento de los recursos, la exclusión social y la vulneración de los derechos humanos.Avanzar en el proceso de descarbonización de la economía tiene que ir acompañado de medidas de transición justa para la clase trabajadora, lo que significa empleo más sostenible, estable y de calidad. No queremos las viejas recetas neoliberales vestidas de verde.
El ciclo para fomentar las reivindicaciones ha entrado en una fase nueva caracterizada por las dificultades para la acción colectiva debido a las restricciones que impone la pandemia. Aún así, se están produciendo movilizaciones laborales en ámbitos como Educación o Sanidad pese a la imposición de servicios mínimos que asfixian el ejercicio del derecho de huelga.
Por ello desde la Confederación Intersindical consideramos imprescindible establecer alianzas en todos los ámbitos sociales para llevar adelante una lucha colectiva y unánime entre todas las organizaciones que aspiramos a un cambio social, con el objetivo de exigir al gobierno:
La derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que han facilitado las consecuencias de la pandemia en el ámbito laboral.
Medidas reales para combatir el desempleo.
La derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. La mejora de los salarios, aumentar el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones mínimas.
La reducción de la jornada laboral, así como reordenar y racionalizar los horarios laborales, repartiendo el trabajo para trabajar menos y trabajar todas.
El cumplimiento estricto de las Leyes, de la normativa y las disposiciones sobre salud y seguridad laboral, para acabar con la lacra de los accidentes laborales.
Que se reviertan las concesiones administrativas y se potencien los servicios públicos esenciales -educación, sanidad, servicios sociales, transporte, bienes comunes, dependencia …-.
Establecer mecanismos de consolidación en el trabajo del personal eventual e interino, de las administraciones públicas, en línea con la jurisprudencia establecida por el TJUE, así como la transposición de la directiva 1999/70 CE al ámbito de las Administraciones Públicas, junto con la anulación del acuerdo de “mejora” del empleo público de marzo de 2017, suscrito por el gobierno del PP con CCOO, UGT y CSIF.
Implantar medidas efectivas para combatir la brecha salarial y el techo de cristal.
Poner fin de manera definitiva, en el mundo del trabajo, a las discriminaciones por razones de género, orientación sexual, procedencia o edad.
Una renta básica universal.
Una fiscalidad justa y progresiva donde quienes más tienen más aporten.
Avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en I+D+I, medioambientalmente sostenible, y con empleo de calidad, estable y bien retribuido.
OCTUBRE DE 2020
