El 75.66% de los 13.213 docentes encuestados por STEs en todo el Estado denuncia la ofensiva privatizadora que ahoga la educación pública. Los datos son incuestionables: la matrícula pública se reduce al 68%, muy lejos del 84% de la Unión Europea, donde la financiación de centros privados es residual. La Escuela pública no tiene quien la defienda, más allá de los sindicatos de la enseñanza.
La política actual beneficia a la enseñanza privada en detrimento del sistema público, el cual debería ser el garante de la equidad. El resultado es la perpetuación de la segregación, la desigualdad y el incremento de la destrucción de puestos de trabajo basados en la igualdad, capacidad, mérito y libre concurrencia. Es necesario acabar con un sistema de enseñanza que reproduce la sociedad en lugar de transformarla.
La LOMLOE fue una ley que en un principio despertó el interés y las expectativas de buena parte del profesorado, pero que con el paso del tiempo, en lugar de fomentar la igualdad de oportunidades y la promoción social de las clases más desfavorecidas para abordar una verdadera cohesión social, se pone de parte del poder económico que la moldea a su antojo según las necesidades del mercado y del beneficio empresarial. Un jarro de agua fría para quienes confiaron en ella.
Corremos el riesgo de convertir el saber en una mercancía, y esta circunstancia puede provocar el colapso de la enseñanza pública, por eso realizamos una llamada de atención y una
petición de ayuda para defender la escuela y el futuro de la sociedad en su conjunto. Observamos estrategias de privatización que buscan ampliar o crear nuevos negocios dentro del sector público con un claro ánimo de lucro.
