¡VOLVEMOS AL CONGRESO!
Estamos en un momento crítico. El 9 de octubre, se publicará el Informe de conclusiones del Abogado General de la UE sobre la prejudicial elevada por el Tribunal Supremo al TJUE.
El proyecto de Ley de Función Pública parece que por fin continúa su tramitación parlamentaria, y necesitamos que dé estabilidad real al personal que continúa en fraude y recupere al personal cesado, garantizando a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad.
¡Hoy, martes 7 de octubre, a las 11:00 h, estaremos en el Congreso!
Asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal, tras muchos años de lucha nos concentramos hoy 7 de octubre de 2025 entre las 11:00 y las 15:00 h, ante el Congreso, reclamando una solución definitiva para el abuso de temporalidad y la recuperación del personal cesado.
Tras más de un cuarto de siglo esperando en el estado español la transposición de la Directiva 1999/70/CE los distintos gobiernos y administraciones gestionadas por ellos han buscado cualquier tipo de excusa (crisis, pandemias por la lentitud y complejidad de los procesos selectivos,…) para perpetuar un uso y abuso institucionalizado y mantenido en el tiempo, hasta afectar a más de un millón de empleados públicos en prácticamente todas las administraciones.
Durante décadas nuestros gobiernos y administraciones han precarizado a sus trabajadoras generando una bolsa de empleadas temporales que supera el millón de afectadas y de las
cuales, más de ochocientos mil se encuentran en abuso de temporalidad de larga duración. Más del 70% son mujeres de más de cincuenta años, calificadas por el SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) de “difícil reinserción laboral”, condenadas a exclusión social, por cómo afectarán sus ceses a sus últimos años de cotización y, por tanto, a su pensión de jubilación.
El próximo 9 de octubre, el Abogado General de la Unión Europea emitirá un Informe acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español. Este informe será decisivo para la postura que adopte TJUE sobre el problema de la temporalidad en nuestras Administraciones, y posiblemente lleve a nuevas sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa europea.
La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias. La reivindicación central de esta movilización reclama la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para recuperar a las miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público.
El problema de la temporalidad en las AAPP viene de muchas décadas atrás, y de Gobiernos de distinto cuño político, amplificado por Administraciones autonómicas y locales negligentes, que se han aprovechado de tener trabajador@s de segunda, eternamente temporales, ejerciendo tareas estructurales que hubieran debido de cubrirse de forma fija. La pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto al ordenamiento español la Directiva mencionada, han agravado este problema.
El Estado Español incumple:
- 2007, Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
- 2015, Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
- 2021, Real Decreto Legislativo 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- 2021, Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- 2023, Real Decreto Legislativo 5/2023, (artículo 217) por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Además de los requerimientos de las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
- Sentencia de 19 de marzo de 2020, asuntos acumulados C‐103/18 y C‐429/18.
- Auto de 02 de junio de 2021, Asunto C-103/19.
- Sentencia de 03 de junio de 2021, asunto C‐726/19.
- Sentencia de 22 de febrero de 2022, asuntos acumulados C‐59/22, C‐110/22 y C‐159/22.
- Sentencia de 13 de junio de 2022, asuntos acumulados Asuntos acumulados C-331/22 y C-332/22.
Reclamamos al Gobierno un paso decisivo hacia la resolución de la temporalidad en las Administraciones españolas. Más de 70 asociaciones, sindicatos, colectivos como el de Bomberos forestales, y movimientos ciudadanos como el sanitario, educativo o pensionista, han trasladado ya su apoyo a esta reivindicación, que viene sólidamente fundamentada en la normativa europea, con la Directiva 1999/70/CE y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
