El 23 de septiembre de 2024 reivindicamos el “Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas” según estableció la Conferencia Mundial de Mujeres en Bangladesh.

Desde la Organización de Mujeres, volvemos a denunciar la trata de personas, sobretodo, de las mujeres y niñas de 20 nacionalidades diferentes, que son mayoritamente las víctimas de la explotación sexual en nuestro país. Según los datos del Ministerio del Interior, se ha producido un incremento de las víctimas de explotación sexual en 2023. La vulnerabilidad de muchas mujeres y niñas en nuestra sociedad nos convierte en el blanco fácil de proxenetas y compradores de actos sexuales.

La trata de personas supone el atentado más grave contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su prevalencia en los sistemas jurídicos de los Estados de Derecho del Mundo. Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La Constitución Española no utiliza la expresión “libertad sexual”, pero en su texto garantiza una serie de derechos y principios fundamentales para la igualdad ante la ley, derecho a la intimidad, acciones para promover la libertad e igualdad, por lo que toda persona debería de estar amparada legalmente y protegida ante los abusos o agresiones que se le puedan ocasionar por su indefensión y vulnerablidad socioeconómica.

Sin embargo, no parece que los esfuerzos de la Administración vayan encaminados a liberar a mujeres y niñas del yugo de la trata y la explotación sexual. Según los datos del propio Ministerio, se destinan prácticamente los mismos recursos y medios institucionales año tras año, que prueban ser muy insuficientes para terminar con esta lacra que atenta contra nuestros derechos fundamentales.

Desde la unidad social, y en especial desde el movimiento feminista, además de apoyar y mostrar sororidad con las víctimas de violencia de género, mujeres y niñas abusadas y violadas, madres discriminadas, mujeres cuidadoras de familiares, profesionales que tropiezan con un techo de cristal, niñas apartadas de los estudios científicos, mujeres relegadas al trabajo de tiempo parcial y reducciones de jornada, trabajadoras de tareas mecánicas propias de enfermedades laborales y otras actitudes que nos denigran y apartan de la igualdad real, debemos de trabajar por conseguir una sociedad más justa y segura para que ninguna situación económica, social o laboral invisibilie a una mujer o niña y la relegue a un nicho vulnerable de trata y explotación, lejos de la protección que necesita.

Los explotadores sexuales se hallan en cualquier rincón de nuestro territorio y en cualquier dimensión social, con un ánimo común de traficar y someter sexualmente a un ser humano, unido, en la mayoría de los casos, a un enriquecimiento económico. Como ciudadanos y cuidadanas, debemos de rechazar tajantemente y sin fisuras esta práctica, aplicando una política de una tolerancia cero para aquellos que creen que la esclavitud más antigua del mundo deber ser perpetuada para su beneficio, banalizando el sufrimiento y la denigración que ello conlleva.

Por otro lado, las víctimas ya sumergidas en esta espiral de violencia deben encontrar salidas reales con ayudas económicas, ayudas para el acceso a la vivienda, al empleo o a la formación y la expedición de su residencia temporal, en el caso de migrantes. Este amparo normativo, debe de ir acompañado con un incremento de penalización de los proxenetas y explotadores. De ninguna manera, podemos blanquear su situación convirtiéndolos en empresarios o en ciudadanos ejemplares.
Sirva este día para hacer una profunda reflexión sobre esta tragedia humana y la sociedad más solidaria y justa que queremos para todos y todas.