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La ausencia de ratios definidas, la insuficiencia de financiación, la falta de concreción respecto al destino de los 2.000 millones que se transfieren a la educación y el incumplimiento permanente de sus obligaciones con el profesorado certifican que la Ministra Celaá es ya un lastre para la enseñanza pública y para su propio gobierno.
La cuarta Conferencia Sectorial de Educación desde que se proclamó el Estado de Alarma, que han celebrado hoy el Ministerio de Educación y las Consejerías de las Comunidades Autónomas ha aportado alguna novedad, muchas incertidumbres, la insolidaridad de dos Comunidades Autónomas y la constatación, una vez más, que el actual Ministerio de Educación y Formación Profesional no es capaz de establecer criterios permanentes que sean asumidos por las Comunidades Autónomas que -como ha recordado la propia Ministra- mantienen las competencias en educación, por lo que, en una gestión, cada vez más a la deriva, va proponiendo sucesivas medidas que son modificadas a
un ritmo vertiginoso.
La novedad de la reunión de hoy se refiere al acuerdo alcanzado con las Consejerías de Educación de las distintas Autonomías, con la excepción de la Comunidad de Madrid y el País Vasco, en el que se establecen 14 puntos para el desarrollo del próximo curso, que incluyen aspectos positivos como son la vuelta a la actividad lectiva presencial, el inicio y el desarrollo del curso en sus fechas habituales, planes de seguimiento para el alumnado con mayores déficits educativos, trabajo cooperativo, la reducción de la brecha digital y -como no puede ser de otra manera- el compromiso de seguimiento de las recomendaciones sanitarias establecidas en el Real Decreto ley 21/2020 de 9 junio que hacen referencia al mantenimiento de la distancia de seguridad en los centros educativos, el uso de la mascarilla o la limpieza y proceso de desinfección de los centros educativos.
Sin embargo, a la hora de concretar las medidas que establece este Real Decreto, empiezan los problemas. Para mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros que se establece desde 5º de primaria, es necesario reducir el número máximo de alumnas y alumnos que puedan estar al mismo tiempo en un aula. Eso supone, lo quiera la Ministra o no, reducir las ratios. Pues bien, pese a ello, la Sra Celaá señala que hay que hablar de “agrupaciones flexibles entendidas como unidades convivenciales que no tiene nada que ver con la ratio”. Mucho nos tememos que estamos ante otro vocablo fruto de la “neolengua” que sirve para enmascarar que los 2.000 millones anunciados por Pedro Sánchez el pasado domingo para afrontar las nuevas necesidades educativas, son totalmente insuficientes para cumplir con las medidas de seguridad que plantean los protocolos sanitarios.
Hoy la Ministra tampoco ha querido aclarar cómo se repartirán estos fondos entre las distintas Comunidades Autónomas y si los centros privados sustentados con fondos públicos también entrarían en el reparto para poder contratar más profesorado y paliar su brecha digital. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, ya conocemos la respuesta a esta última cuestión, pues el Viceconsejero de Educación, Amador Pastor, no tardó en tranquilizar al sector de la educación concertada en el Consejo Escolar Regional, al asegurar que, sin conocer todavía el montante que nos corresponderá como región, los centros concertados recibirán su parte.
Desde la Confederación de STEs-i, reclamamos al Ministerio de Educación que establezca el mecanismo normativo necesario para asegurar que esta cantidad se dedica al único tipo de enseñanza que asegura la inclusión de todo el alumnado. No se puede dejar al capricho de las Comunidades Autónomas el destino de ese dinero, sin que se garantice que no será destinado al lucro de empresas privadas, sino para la mejora del Sistema Público de Educación.Pero, después de dos años de gestión al frente del Ministerio de Educación, la actuación de la Ministra no nos sorprende. Ha defraudado al personal interino al incumplir el compromiso que su propio partido político había asumido con la aprobación de la PNL en el Congreso de los Diputados en 2017 respecto a las Oposiciones. Ha defraudado a la representación del profesorado, a la que ningunea una vez sí y otra también y que debemos enterarnos de sus iniciativas y resoluciones a través de los medios de comunicación, a pesar del compromiso y de la obligación legal que tiene su
Ministerio de negociar con los sindicatos y, ahora, está defraudando a su propio gobierno con una gestión que pone en entredicho el trabajo realizado por las autoridades sanitarias.
