El mantenimiento de los conciertos educativos no sólo es el mantenimiento de un modelo elitista que segrega y trata de evitar la mezcla social y al alumnado con dificultades. Su mantenimiento, a costa del Estado, también supone una amenaza al sistema público de enseñanza, que acepta sin prejuicios económicos, sociales o religiosos a todo el alumnado y suele concentrar en sus aulas al más desfavorecido y vulnerable.
La existencia de una educación privada sufragada con fondos públicos se legitimó históricamente con el argumento de que respondía a una demanda educativa que el sistema público no podía garantizar. Sin embargo, allí donde la educación pública puede asumir perfectamente esa demanda, son los centros públicos los que pierden unidades frente a los concertados.
Los centros privados subvencionados no han hecho sino crecer de forma desmedida en los últimos años, imponiendo su modelo clasista y doctrinario, alcanzando en muchos territorios del Estado cifras alarmantes. Su crecimiento no es inocuo: afecta a la enseñanza pública, la de todos/as; retrae dinero público y concentra al alumnado con dificultades en los centros públicos, creando en algunos lugares verdaderos guetos.
Ahora, el descenso de natalidad está generando un nuevo desequilibrio entre los centros públicos y privados concertados, pues mientras los centros públicos pierden unidades año tras año, los privados concertados no se ven afectados por esta caída demográfica, incumpliendo el principio recogido en la LOMLOE de que el eje vertebrador del sistema educativo ha de ser la Educación Pública y vulnerando el principio de eficacia de asignación y utilización de los recursos públicos.
Con los datos proporcionados por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha hemos calculado que se han suprimido 47 unidades en la etapa infantil en los últimos 4 años, y todo hace prever que en los años venideros se sigan suprimiendo unidades en la escuela pública, lo que puede llevar a tener que cerrar centros públicos allí donde compiten con los centros privados subvencionados. Esto afecta a los compañeros/as que participan en el Concurso General de Traslados, pues, al disminuir el número de plazas, tendrán más dificultades para que les adjudiquen una plaza cerca de sus lugares de residencia.
Por eso STE-CLM ha denunciado la orden de conciertos de Castilla La-Mancha, demanda que ha sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia. Exigimos la paulatina desaparición de los conciertos, sistema que se creó como medida excepcional y, por tanto, que estos centros privados se sufraguen por sus propios medios. Los recursos públicos deben servir para mejorar el Sistema Público de Enseñanza, el único capaz de garantizar la igualdad de todos y de todas.
