Se asumió el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto, en el marco del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990. Esta propuesta fue hecha por la delegación brasileña, para rescatar el 28 de septiembre de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todas las hijas y los hijos nacidos de mujeres esclavas.
Todos los avances conseguidos en salud sexual y salud reproductiva hasta ahora se deben a las luchas feministas y su capacidad de transformación de las sociedades. Pero es sabido que los derechos tardan mucho en conseguirse y un suspiro en perderlos, especialmente, todos aquellos derechos humanos que tienen que ver con las mujeres. En Estados Unidos, este año, el aborto ha dejado de ser un derecho constitucional tras 50 años en que sí lo fue. En España vemos los intentos de las derechas de frenar los avances y a la iglesia mandando coros a rezar en las puertas de las clínicas, asunto que por fin está penado en el Código Civil.
Las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo: en algunos países es una decisión personal (China, Puerto Rico, España…), en otros es completamente ilegal (Nicaragua, Honduras, Andorra…) y en muchos países los abortos solo se aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales, riesgo para la salud o en casos de violación (Siria, Mónaco, Brasil…).
En España la reforma de la Ley del Aborto sigue en trámite parlamentario, con ella se persigue devolverle la capacidad de decisión a las menores de 16 y 17 años como en la Ley del 2010, se exige que la educación afectivo sexual sea obligatoria en todas las etapas de la enseñanza obligatoria o que sean los centros sanitarios públicos más cercanos al domicilio quienes practiquen los abortos.
Se eliminan también los tres días de reflexión que infantilizaba a las mujeres teniendo que posponer su decisión, se reconoce el derecho a la incapacidad por aborto o el acceso gratuito a la píldora del día después en centros de salud y hospitales públicos.
Incide la Ley de nuevo en la creación un registro de objetores de conciencia, esperemos que esta vez las Comunidades Autónomas cumplan este registro que hasta ahora en la mayoría de ellas no ha sido puesto en marcha. Como novedad, y aunque cueste creerlo, quien se declare objetora u objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada y se debe garantizar formación específica de profesionales en salud sexual y salud reproductiva y la práctica clínica respecto de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical exigimos que se aceleren los plazos para sacar la modificación de la Ley lo antes posible y estaremos atentas a los mecanismos que garanticen su cumplimiento íntegro en todos los territorios del estado español y denunciaremos a los gobiernos que no cumplan con la Ley.
Seguimos exigiendo para todos los países regulaciones legislativas que contemplen derecho al aborto de todas las mujeres, por los derechos humanos, por la libertad, por nuestro derecho a decidir.
