El Día Mundial oficial es el 28 de abril, pero esta fecha sólo será el inicio de múltiples eventos y actividades mundiales que se organizarán durante el resto el año en torno al tema de la seguridad y salud y el futuro del trabajo, celebrando y construyendo sobre el caudal de conocimientos y acciones acumulados a lo largo de más de 100 años, mientras nos preparamos para afrontar y valorar los cambios que nos depara el futuro y qué trabajo queremos. Este año la COVID 19 ha roto todos los esquemas previstos y está haciendo que las sociedades de todos los países estén adoptando medidas excepcionales para atajarlo.

Como se está viendo, la prevención es un eje básico en todas las políticas de trabajo y salud integral de las y los trabajadores porque nos remite a los parámetros que debemos tener en cuenta para evitar casos de accidentes de trabajo, acoso laboral, enfermedades del trabajo, la COVID 19, etcétera.

Si sabemos que cada día mueren como consecuencia del trabajo, oficialmente 7.500 personas en el mundo -extraoficialmente se podría triplicar esta cifra-, debemos considerar que es positivo y fundamental estudiar y negociar las condiciones de nuestra organización laboral para realizar un trabajo seguro, sostenible y decente, tal y como programa el acuerdo suscrito para 2030 en Naciones Unidas por muchas instituciones como Sindicatos, Gobiernos, Empresas, ONG, Asociaciones Civiles, organismos mundiales como la Unesco y una larga lista. Nos comprometemos con el respeto y las acciones necesarias para proteger el Medio Ambiente, en la eliminación del trabajo infantil, en la

regulación de los derechos de todas las personas migrantes que tienen un trabajo y carecen de derechos sociales, políticos y laborales, en la defensa de la diversidad sexual y en lucha contra la explotación y marginación, nos comprometemos con el apoyo a la mujer como garantía de igualdad de las sociedades y desarrollo para un futuro optimista y más sano, en la inversión en medidas de seguridad de quienes son más vulnerables, catalogados como “especialmente sensibles” y , en general, en una regulación que evite recortes y explotación ante lo que se llama crisis de los sectores productivos por mor del mercado o situaciones especiales como la que estamos viviendo ahora con esta pandemia.

Este 28 de abril las trabajadoras y los trabajadores y todas las sociedades del mundo, nos enfrentamos internacionalmente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Este brote ha provocado una enfermedad infecciosa conocida como la COVID-19, declarada pandemia por la OMS, que está provocando un aumento de los accidentes en el trabajo, con crecimiento de la mortalidad.

Nos enfrentamos a grandes desafíos, ante la pandemia. Las trabajadoras y los trabajadores hemos sufrido la desprotección en seguridad y salud en el trabajo.

La crisis sanitaria de la COVID-19 se ha convertido en una crisis laboral, social y económica, que estamos pagando la clase trabajadora con nuestra salud y, en ocasiones, con nuestra vida en todo el mundo. En todos los territorios del estado español, como en otros países, ha provocado cambios en la organización del trabajo, aumento del teletrabajo y cierre de empresas, motivados por la falta de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores, por carecer de los equipos de protección individual (EPI) necesarios para evitar los contagios y por la falta de medidas, como la de guardar la distancia interpersonal de 2 metros, pero también por la insuficiencia en información, formación, protocolos y procedimientos necesarios para proteger a todas las personas trabajadoras.

Ante esta situación, los riesgos psicosociales han aumentado junto a los riesgos biológicos, incidiendo en el crecimiento de accidentes laborales por contagio entre las trabajadoras y los trabajadores en el centro de trabajo y durante su traslado, sobre todo en los sectores considerados como esenciales al mantenerse abiertas las empresas.

El confinamiento social y el teletrabajo han influido en el aumento de los problemas psicosociales, que en aquellas personas que se han visto obligadas a volver al trabajo y reanudar la actividad laboral sin suficiente protección, al sentirse indefensas, han sufrido cuadros depresivos o de ansiedad, porque la transmisión de la infección de la COVID-19 no ha cesado.

En cuanto a los riesgos a nivel educativo, consideramos que cuando se tome la decisión de incorporar al profesorado a la actividad presencial debe haberse realizado:

– Una amplia reflexión previa y se ha de tener un dictamen con las valoraciones técnicas necesarias de los expertos en salud y seguridad laboral.

– Contar con un análisis riguroso de las circunstancias existentes y una evaluación de los riesgos laborales adecuada determinada en los Comités de Salud y Seguridad Laboral.

– Es básico dotar de un Protocolo Escolar ante el COVID-19 a los centros.

– Potenciar las funciones de los responsables de riesgos laborales de los centros.

– Disponer de los medios materiales de prevención de riesgos ante esta pandemia, tanto los higiénicos (jabón, gel, soluciones de lejia, alcohol desinfectante…), como sanitarios (termómetros, mascarillas, guantes, EPIs…).

– Desinfección previa de todos los espacios y dependencias donde se ubican docentes, alumnos y personal de administración y servicios.

Queremos denunciar como Sindicato el acoso en todas sus versiones: laboral, sexual, etc… Por ello, exigimos que se pongan los mecanismos legales y la formación y prevención necesaria, para que se realice un trabajo sin explotación ni intimidación que en ocasiones puede llevar hasta la pérdida de una vida. Es fundamental que los tribunales, las empresas e instituciones públicas castiguen a quienes son responsables de estas conductas y que ese castigo sirva de ejemplo para que no se vuelva a repetir.

Por todo ello, como Confederación Intersindical, exigimos:

Políticas de defensa de los sectores públicos fundamentales en nuestras vidas: Sanidad, Educación, transportes, servicios sociales, conservación de espacios naturales, que se han visto agredidos económica y mediáticamente por políticas liberales y de ajuste económico.

Incrementar los recursos en infraestructuras que nos doten de medios de protección (EPIs) que unido a una formación adecuada hagan del trabajo un lugar seguro.

Producir políticas de sostenibilidad y conservación del medio ambiente que eviten catástrofes como la COVID 19.

Crear empleos decentes para jóvenes, mayores, inmigrantes, que se exija respeto a los derechos laborales de todas las personas, con especial atención para que identidad u orientación sexual no supongan un menoscabo en los mismos, garantizar los derechos laborales de las mujeres, especial atención a aquellas trabajadoras y trabajadores de condición “especialmente sensible”.

SOY LO QUE SOY” UN TRABAJADOR/A, DEFIENDO MIS DERECHOS LABORALES Y MI SALUD EN UN ENTORNO SALUDABLE, QUE OTROS CUMPLAN CON SU FUNCIÓN DE PREVENIR, PROTEGER Y CUIDAR DE NUESTRA SALUD.

HACEMOS LO QUE DECIMOS, DECIMOS LO QUE HACEMOS