Hoy se cumple el 90 aniversario de la proclamación de la II República. Fue este un régimen democrático que intentó una modernización para la que nuestro país posiblemente aún no estuviera preparado. Así, afrontó una ambiciosa reforma agraria que repartiera la tierra, dignificara el trabajo agrario y, sobre todo, modernizara nuestra atrasada agricultura y proporcionando los alimentos necesarios con los que mantener el crecimiento demográfico. Como se afrontó la diversidad del estado español legitimando por primera vez la autonomía de diversos territorios que componen España. O como quiso afrontar con tanta valentía la creación de un estado laico donde la religión volviera al ámbito privado perdiendo su influencia pública o la reforma militar que modernizara y profesionalizara un ejército excesivamente intervencionista e ideologizado, sin olvidar tampoco el avance hacia una mayor igualdad de género que supuso la aprobación del sufragio femenino en 1932.
Pero de las muchas reformas que la II República afrontó fue posiblemente la educativa la que más calado debía tener en la modernización de España ya que suponía alfabetizar totalmente a casi la mitad de la población aún analfabeta (el 60% en el caso de las mujeres). Pero llevar la escuela pública y laica a toda la población española implicaba la construcción de más de 27.000 escuelas (casi la mitad de ellas se construyeron durante estos cinco años), ingente esfuerzo en unos momentos de contracción económica como fueron los años treinta. A lo que hay que sumar el incremento de las plantillas del profesorado, la dignificación de sus retribuciones, la modernización de los planes de estudio incluyendo la coeducación, la reforma de la Escuela Normal (hoy escuelas de Magisterio) y otras muchas reformas entre las que no hay que olvidar las bibliotecas ambulantes o las misiones pedagógicas que mostraron como esta etapa de nuestra historia afrontó con una valentía que hoy echamos tanto de menos la modernización de la enseñanza en España.
Este esfuerzo modernizador fue brutalmente interrumpido en 1936 con la sublevación militar de una parte del ejército y la consiguiente guerra civil. Y la represión franquista, que se propagó por toda la sociedad, fue especialmente cruel con los trabajadores y trabajadoras de la educación en parte porque el fascismo era consciente de la capacidad liberalizadora que la educación representaba para una población tan atrasada como era la española de 1936. La República suponía el pensamiento libre y laico que tan ajeno era para el fascismo español. Así, todo los maestros y maestras que habían ejercido durante la Segunda República fueron obligados a solicitar su propia depuración como condición para seguir ejerciendo y pasar el filtro de una Comisión Depuradora en la que tenían que presentar informes positivos del alcalde, del cura, del guardia civil y de un representante de la asociación de padres de “probada moralidad católica” además de informar sobre sus afiliaciones políticas y sindicales, sus acciones antes y después del 18 de julio, su actividad privada y que delación de algunos compañeros.
Se desató una auténtica caza de brujas contra los maestros y maestras de la República. Muchos de los que no superaron la Comisión de Depuración fueron duramente represaliados acabando frecuentemente ante juicios farsa en los que tenían que probar su inocencia. Miles de maestros fueron obligados a cambiar de escuela, otros tuvieron que abandonar definitivamente la enseñanza y se dedicaron a las clases particulares o a otras profesiones distintas de su vocación. Miles de ellos caminaron hacia el exilio y, miles también pasaron años en las cárceles franquistas y, en los casos más crueles, fusilados bien en los conocidos “paseos” falangistas, bien en los Consejos de Guerra durante o inmediatamente después de la guerra. Y aunque queda todavía por hacer un estudio detallado que señale la magnitud de este drama, algunos estudios cifran en unos sesenta mil los maestros depurados en toda España.
En 1977, Adolfo Suárez aprobó la amnistía para todos los represaliados del franquismo, incluidos los maestros. La mayoría de los que habían sobrevivido a la dura represión eran entonces ancianos o habían fallecido por otras causas y, en todo caso, esta Ley permitió amnistiar también la acción represiva del franquismo, convirtiéndose de hecho en una Ley de Punto Final que, en ningún caso, resarcía la memoria de todos y todas los que habían luchado por el régimen constitucional de 1931. En el 2007 Rodríguez Zapatero aprobó una Ley de Memoria Histórica que reconocía en su preámbulo el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal durante la Guerra Civil y la Dictadura pero que en modo alguno anulaba los juicios franquistas como se hicieron en otros países de nuestro entorno tras la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, El Congreso de los Diputados debate una nueva ley de Memoria Histórica que cubra la insuficiencia de la actual y STE-CLM cree llegado el momento de una ley que ponga definitivamente fin a la impunidad del franquismo de manera que haga justicia a todas las víctimas y, entre otras, a esos miles de maestros tan duramente represaliados por llevar las ideas renovadoras a sus escuelas. Para eso es necesario que los Tribunales y Consejos de Guerra franquistas sean considerados ilegales por la nueva ley y, en consecuencia, que sus sentencias sean declaradas nulas de pleno derecho, sin necesidad de que, por parte de las víctimas de la dictadura o sus familiares, se tenga que instar ningún proceso judicial o administrativo posterior para llevar a efecto tal declaración de nulidad. Como es imprescindible que la nueva ley reconozca los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad lo que permitiría al Estado español ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968. Ese sería el mayor homenaje que los maestros represaliados y todos los que defendieron la legalidad constitucional en 1936 podrían recibir.
