La Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 confirman lo que la Consejería de Educación ya nos había avanzado en mesa sectorial: no habrá mejoras en las condiciones laborales para el profesorado.

En el ámbito de la educación pública, la citada ley recoge que estos presupuestos “darán cobertura, igualmente, tanto al nombramiento por curso completo, hasta el 31 de agosto,del personal funcionario docente interino dependiente de la Consejería con competencias en materia de educación,como a la reducción del horario lectivo para el personal funcionario docente de Educación Secundaria y Bachillerato”. Pero recordamos que estas medidas ya estaban recogidas en la Ley 2/2017 de Presupuestos para el 2017, y que su no cumplimiento significaría nuevos recortes a las leves mejoras que ya tenemos para este curso.

Y decimos “leves” porque la contratación hasta el 31 de agosto no va a ser a todo el profesorado interino que haya trabajado más de 5 meses y medio, sino solo a los que tuvieron vacante al inicio de curso. A pesar de que hemos solicitado que esta medida se extienda a también al profesorado interino que ha adquirido una vacante con posterioridad, la respuesta ha sido negativa (nuestra asesoría jurídica anima a reclamar en estos casos).

La otra medida de “leve” mejora en los horarios de enseñanzas medias queda lejos de las pretensiones de STE- CLM de 18 horas lectivas para enseñanzas medias y 23 para maestros, situación previa a los recortes que aplicó el PP. Además, no olvidamos la forma en la que se ejecutó y las desigualdades que han provocado en los centros de Secundaria entre compañeros (algunos con 21 horas y otros con 18), algo que denunciamos previamente, y el desajuste para profesorado interino (muchos están en peores destinos y con jornadas diferentes a las que les correspondería si se hubiera hecho planificado adecuadamente) y para profesorado funcionario desplazado que no debió cambiar su destino en el mes de julio.

Está claro que la actual Administración entiende la educación como un gasto y no como una inversión a medio y largo plazo, y no está en sus prioridades que se centran en “el impulso a los sectores productivos en orden a promover la dinamización de la actividad económica y fomentar un tejido empresarial fuerte y estable”, según recoge la citada ley. Por tanto, entendemos que tanto en estos presupuestos como en los siguientes, pocas mejoras en las condiciones laborales del profesorado podemos esperar. Sí han confirmado en mesa sectorial de educación que no habrá mejoras en las ratios para el próximo curso pero que mantienen sus previsiones de llegar a las ratios 25-30-32 (primaria-secundaria-bachillerato) para el curso 2019/20. Por tanto, continuaremos una año más con ratios ilegales, y ya son 7 cursos donde el alumnado sufre la falta de inversión en su educación.

Nos alegramos de que dicha Ley recoja un Plan de Garantías Ciudadanas, que en educación se traducirá en exenciones y bonificaciones en el pago de precios públicos referidos a servicios educativos y complementarios de la enseñanza (servicio de comedor escolar, servicios en Escuelas Infantiles y estancia en residencias escolares no universitarias y universitarias). Veremos si su aplicación puede paliar las dificultades de toda la población de Castilla-La Mancha que tiene dificultades para que sus hijos puedan estudiar, algo impropio de una sociedad desarrollada a causa del aumento de las desigualdades.

Respecto al presupuesto destinado a la Universidad de Castilla-La Mancha, se confirma que será mediante los convenios o contratos programas, desapareciendo así la autonomía universitaria y quedando la asignación de una parte importante presupuestaria en manos del partido político que gobierne en cada momento, al estar estos contrato programas fiscalizados por el poder ejecutivo al cumplimiento de unos objetivos. Esta situación que ha provocado el Gobierno solo generará incertidumbre. Ahora la responsabilidad recae en el equipo rectoral en la gestión de este insuficiente presupuesto (alrededor de 20 millones de € menos del gasto básico que necesita la UCLM según ha informado el equipo rectoral) para que afecte lo mínimo a la comunidad universitaria, y no se cumplan las previsiones iniciales que pretendían perjudicar a los más débiles (estudiantes y trabajadores con peores condiciones laborales). Ahora más que nunca el Gobierno debe apostar por una Universidad Pública fuerte para la región.

STE-CLM exige al Gobierno de Castilla- La Mancha un cambio en sus prioridades y mejores en la gestión económica de los ingresos y gastos. No puede ser que se dedique a pagar más dinero por la deuda pública (1.808 millones de €) que a educación (1.656 millones de €).

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