Hoy ha tenido lugar reunión de la mesa sectorial de Educación, donde la Consejería ha presentado su propuesta de calendario de negociación para el curso 2017/2018. A falta de año y medio para que finalice la legislatura, el gobierno del PSOE no quiere negociar muchos de los derechos que nos fueron arrebatados, por lo que consideraremos que este calendario es absolutamente insuficiente.

La Consejería ha informado de que el Consejo de gobierno está a punto de aprobar la oferta de empleo público , por lo que a mediados de noviembre se convocará la mesa sectorial para el análisis de dicha oferta , así como de la distribución de plazas por especialidades. También se va a retomar la negociación del Pacto de interinos (habrá mesa técnica el día diez de este mes).

A pesar de que en dicho calendario se han incluido propuestas de STE-CLM como la revisión de ratios (ilegales a día de hoy), el plan de plurilingüismo, el pacto de interinos, la evaluación, la formación profesional, acuerdo de itinerancias, negociación del Pacto Educativo (ya que hay cuestiones que afectan a las condiciones laborales del profesorado), no se ha incluido la revisión del horario lectivo para reducirlo a lo que había antes de los recortes de Cospedal, o el contrato anual para el colectivo interino que trabaje más de 5 meses y medio.

La Administración ha informado de que se está construyendo el presupuesto para 2018 , y está previsto un aumento del presupuesto de la Consejería en un 4,5% aproximadamente con respecto al año anterior, por lo que consideran que es imposible llevar a cabo todo y , que deben priorizar. La reducción del horario lectivo es inasumible según el gobierno.

Desde STE-CLM consideramos que la reducción del horario lectivo es fundamental para la recuperación de las plantillas, estamos muy lejos aún de recuperar los más de 5000 puestos de trabajo destruidos por el gobierno anterior, y esto solo se puede conseguir si se reduce el horario lectivo y las ratios ilegales, ya que son criterios fundamentales a la hora de confeccionar las plantillas de los centros educativos, y el gobierno debe priorizar el garantizar una educación pública de calidad.

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