Este fin de semana el Ministro- Portavoz nos sorprendió con la idea de implantar un MIR como modelo de acceso a la función pública docente. A falta de más información que nos permita entrar en el fondo de la propuesta, por las explicaciones dadas por el Ministro en ese acto, se trataría en términos generales de un largo y arduo proceso que implicaría que las personas que aspiren a ejercer la docencia tendrían que realizar los estudios universitarios correspondientes (grado y máster educativo); a continuación, tendrían que acceder al nuevo modelo de capacitación pedagógica de dos años (MIR), que tendría que ser evaluado positivamente; y, finalmente, deberían presentarse a las tradicionales oposiciones.

Desde STE-CLM, hemos recibido con sorpresa esta propuesta, máxime si se tiene en cuenta que durante los meses anteriores ha habido negociaciones entre Ministerio y organizaciones sindicales en las que el eje central de debate ha sido el sistema de acceso a la docencia. Nos llama la atención que durante todo este tiempo no se hiciera mención alguna por parte del Ministerio a esta propuesta que se ha hecho pública estos días. Una vez más, una decisión política de tanto calado al margen de la comunidad educativa y de los representantes legítimos del profesorado.

Desde medios oficiales, se presenta la iniciativa como una propuesta que incidirá en la calidad educativa. Para STE-CLM, el debate suscitado es un paso más para seguir precarizando la actividad docente y las condiciones laborales del profesorado. Con este sistema, quienes aspiren a ejercer la docencia en el futuro cumplirían una función semejante a la de cualquier docente, pero con menos derechos, empeoramiento de las condiciones laborales y retribuciones económicas mermadas.

Carece de sentido cualquier comparación entre las necesidades del sector médico y el sector educativo. Estamos solamente ante una estrategia laboral que pretende incrementar los años de preparación del personal docente en condiciones de mayor precariedad y abaratando la etapa. Si realmente quieren hablar de calidad educativa, la medida directa y contundente que tendrían que aplicar sería la derogación del Decreto de racionalización del gasto público de 2012, pues solo ha servido para empeorar gravemente la calidad del sistema educativo.

En otro sentido, un cambio tan radical de modelo nos genera incertidumbre y grandes dudas por las repercusiones negativas que su implantación puede tener en el profesorado interino en activo, que posiblemente podría verse desplazado.